Aunque la cacareada amnistía fiscal ha sido la más comentada, las medidas antifraude aprobadas por el Gobierno incluyen otra serie de acciones que también merece la pena comentar y que afectan directamente a todos los contribuyentes, no sólo a aquellos que tienen ingresos y patrimonio sin declarar.

Y es que las medidas antifraude suponen importantes cambios en la gestión de las deudas con Hacienda y la obligación de informar de determinadas inversiones. Algunas de los cambios que introduce la Ley Antifraude no afectan a los ciudadanos, pero otras sí.

Amnistía Fiscal: la más conocida. Su objetivo es sacar a la luz la economía sumergida del país y para lograrlo sólo cobrará entre el 8% y el 10% de los impuestos que deberían pagar quienes en su momento no declararon en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Quienes lo hagan no tendrán, además que enfrentarse a sanciones de Hacieda adicionales ni pagar intereses de demora.

Obligación de informar sobre cuentas en entidades financieras extranjeras: será necesario informar de todas las cuentas abiertas en el extranjero. Quienes no lo hagan serán multados por lo menos con 10.000 euros.

Obligación de informar de seguros de vida y acciones en el extranjero: en realidad, hay que declarar cualquier título o inversión. No hacerlo acarrea una sanción mínima de 10.000 euros.

No prescripción de las deudas con Hacienda: las deudas por las rentas no declaradas ya no prescribirán.

Límite al uso de efectivo: esta medida se aplicará a los pagos entre empresas y profesionales, que no podrán abonar en metálico más de 2.500 euros.

Refuerzo de la recaudación: se multarán las actuaciones que trante de evitar las inspecciones con entre 1.000 y 100.000 euros para los particulares y entre 3.000 y 600.000 para las empresas.

Cambios en los módulos: se acota el régimen de módulos de forma que sólo operará para quienes superen los 50.000 euros de ingresos.

Cambios en el régimen de estimación objetiva: salen del mismo los empresarios que facturen menos del 50% de sus actividades a particulares, dejando fuera del mismo a carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas.